Trabajo decente en Chile: ¿Cuánto falta para que celebremos todos?

Esta semana se conmemoró, como todos los años, el día internacional de las y los trabajadores. Cada 1 de mayo, desde hace 134 años, la gran mayoría de los países del mundo se unen en la celebración del aporte de quienes trabajan, a la vez que se reivindica la lucha por sus derechos. En Chile, claro está, no nos quedamos atrás.

Desde hace unas semanas, la discusión y posterior aprobación del proyecto de ley que establece el límite de 40 horas para las jornadas laborales por semana, y el aumento gradual del sueldo mínimo, se han tomado la palestra noticiosa. Sin lugar a dudas, estos cambios suponen avances en materia de trabajo pero, ¿es esta la fórmula que nos permitirá alcanzar el estándar que asegure el trabajo decente?

En su 8º Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la ONU plantea ciertos lineamientos que, cual carta de navegación, permitirían lograr un piso mínimo de “decencia” en materia laboral. Primeramente, se define al trabajo decente como aquella situación en que existen oportunidades laborales y productivas para todas las personas, en igualdad de condiciones, con remuneraciones que les permitan vivir de forma digna (acceso a servicios, viviendas dignas, alimentación saludable y suficiente, etc), otorgando además, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Así, el trabajo digno permite tanto el desarrollo personal como la integración social.

¿Cuánto nos falta entonces? La ONU plantea el desafío de alcanzar este y los 16 ODS restantes hacia 2030; aún nos queda algo de tiempo. Y es que, como vemos, lograr el trabajo decente va más allá de restar horas y sumar pesos. Si bien se ha avanzado en incluir a sectores que históricamente han presentado barreras para su inserción laboral, las brechas siguen siendo bastante amplias.

Que “el trabajo dignifica” es una premisa escuchada y repetida por la gran mayoría -y con justa razón-.  Y es que ejercer un trabajo es una actividad fundamental de la vida social y parte de aquello que nos hace humanos. Nos permite desarrollar habilidades, interactuar con nuestros pares, definir nuestra identidad y generar autonomía, a la vez que aportamos al desarrollo común. De esta manera, el acceso al trabajo se erige como un componente fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Así, alcanzar un estándar de trabajo decente supone fomentar la participación laboral de todas y todos, como un imperativo esencial. En este sentido, se vuelve necesario desarrollar planes y programas que fomenten el acceso al trabajo desde una perspectiva de equidad y de esta manera “no dejar a nadie atrás”.

Según el último boletín de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de febrero del presente año, la tasa de ocupación de las mujeres alcanzó un 46,6% (+1,8% en 12 meses), frente al 65,3% para el caso de los hombres (+0,2% en 12 meses), representando así, una brecha de casi 20 puntos porcentuales. Si bien esta brecha ha ido disminuyendo con el paso de los años, hacen falta medidas que promuevan la participación laboral de las mujeres, la igualdad de remuneraciones y la paridad en altos cargos. En este sentido, el incentivo de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, guarda central relevancia, como también el fomento de la coparentalidad; teniendo en consideración que la principal razón que ha coartado la participación femenina guarda relación con la cantidad de tiempo destinado al trabajo de cuidados. Esta es, sin duda, una realidad que debemos transformar de manera conjunta.

Para el caso de las personas en situación de discapacidad, la tasa de ocupación no alcanza el 40% del total, es decir, de las aproximadamente 2,7 millones de personas que tienen discapacidad hoy en Chile, poco más de un millón tiene empleo. Ante la falta de oportunidades laborales para este sector de la población, se han promulgado las leyes N°21.015 y N°21.275, que incentivan la inclusión laboral de personas con discapacidad y exige a las empresas la adopción de medidas que faciliten y hagan posible una real inclusión, respectivamente. Sin dudas estas medidas, de manera complementaria, contribuyen al aumento de la participación laboral de las personas en situación de discapacidad y al mejoramiento de la accesibilidad en los entornos laborales, pero es muy pronto para cantar victoria. Sólo el paso de los años permitirá saber si esto es suficiente para asegurar un acceso equitativo al trabajo para todas las personas sin importar su condición. Por el momento, podemos asegurar que lograr la tan ansiada inclusión depende de un cambio cultural importante, y de una transformación del paradigma productivo, además de una mayor fiscalización por parte del Estado para el cumplimiento efectivo de las normativas en la materia.

Por último, lograr un estándar de trabajo decente supone la superación del trabajo informal. Este tipo de trabajo carece de regulación y contratos, por lo que quienes lo ejercen no pueden acceder a protección social. Al no suponer una relación contractual entre empleador y empleado, no asegura la superación del umbral del salario mínimo -y, por tanto, tampoco asegura la superación de la pobreza extrema-, la limitación de la jornada laboral ni descanso semanal, además del acceso a vacaciones anuales y a la atención de salud. Según los datos levantados por el INE, la tasa de ocupación informal (ocupados informales sobre los ocupados totales) ha disminuido de un 21,8% a un 21,4 en un año, sin embargo, en términos reales ha habido un aumento de 20.000 personas que trabajan de manera informal, en el mismo periodo de tiempo. Esta situación se da en la medida en que la cantidad de personas que componen la fuerza laboral ha aumentado también, dando cuenta de que no basta con generar más empleos, sino que estos deben tratarse de trabajos adecuadamente remunerados, con regulación contractual, ejercidos de manera libre y en condiciones de seguridad y por sobre todo de dignidad humana.

Como vemos, el panorama aún es incierto. Lo que resta, de aquí en adelante, es trabajar para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad del empleo, pasando de un paradigma centrado en la producción a uno que tenga foco en las trabajadoras y los trabajadores y su calidad de vida, como el centro del sistema laboral. Una visión de futuro nos invita a observar los distintos elementos que hacen del trabajo un espacio de integración social, apuntando a subsanar deudas históricas en los ámbitos de la participación y el reconocimiento. Se vuelve imperativo, de esta manera, trabajar de forma mancomunada para generar las condiciones necesarias para que en un futuro cercano, todas y todos podamos celebrar.